En el Congreso chileno se ha desatado una intensa discusión en torno al proyecto de ley para regular las apuestas en línea, el cual contempla una carga tributaria sin precedentes para la industria: un 37,6% del GGR. Aunque esta tasa casi triplica las de Perú y Brasil, el Ministerio de Hacienda de Chile espera que la legalización aporte cerca de US$60 millones anuales al fisco. El optimismo de las autoridades se basa en la disposición de grandes operadores, como Betano y Coolbet, a regularizar su situación para evitar bloqueos severos, que ya han sido impulsados por la Corte Suprema.
Al mismo tiempo, la comunidad experta se muestra escéptica. El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, advirtió en una conferencia celebrada a mediados de abril que el país corre el riesgo de crear una “ley muerta al nacer”. Según afirmó, la combinación de impuestos excesivos con barreras técnicas extremadamente complejas —en particular, la identificación biométrica de los jugadores y el bloqueo de pagos— haría que la actividad legal fuera económicamente inviable. En ese escenario, el mercado, que ya alcanza al 30% de la población, seguiría operando desde la sombra de las jurisdicciones offshore, pese a los esfuerzos de la administración de Kast por ordenar el sector.
Sin embargo, en declaraciones al medio El Ciudadano, el diputado socialista Gastón Saavedra y la integrante de la Comisión de Hacienda, Flor Weisse, adoptaron una postura más pragmática. Ambos coincidieron en la necesidad de aprobar una legislación que permita ordenar un mercado que ya existe y que genera ingresos significativos.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet sostiene una posición prohibicionista, apelando a normas de más de cien años de antigüedad. Mulet afirma que el marco jurídico vigente, basado en el Código Civil del siglo XIX, prohíbe los juegos de azar por carecer de “objeto lícito”, salvo excepciones como los hipódromos, las loterías y los casinos.
“Yo estoy por la prohibición total. Estas plataformas generan adicción y deben bloquearse con la misma dureza que otros contenidos. El fallo de la Corte Suprema solo confirmó la ilegalidad que durante años se permitió en la prensa y en la televisión”, declaró.
El Ciudadano sostiene que, para sacar a los operadores de la informalidad, el Estado debe ofrecer condiciones razonables para el negocio. Una tasa óptima en torno al 12%–15% no sería un beneficio para la industria, sino un cálculo realista.
Pese a las disputas actuales, los expertos ven en esta coyuntura una oportunidad única para el país. La disposición al diálogo de la administración de Kast y el trabajo activo de las comisiones especializadas sientan las bases para construir una de las regulaciones más transparentes y tecnológicamente avanzadas de América Latina.
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