Por Rodrigo Muñoz M., gestor de Vinculación y Transferencia Tecnológica del CEAF
A propósito de la extensión de la Ley de I+D hasta el 2035, la innovación ya no sucede solo en laboratorios o centros de investigación, cada vez más está naciendo en huertos, industrias, viveros y oficinas de empresas pequeñas, transformando el futuro de la fruticultura del país con creatividad y determinación.
Detrás de este cambio silencioso y profundo, la ley está funcionando como una herramienta que impulsa la innovación permanente, permitiendo que año a año más actores del sector productivo inviertan en conocimiento.
Uno de los alcances más relevantes, y que confirma la incidencia de esta ley, es el creciente protagonismo de las micro, pequeñas y medianas empresas, las que en 2024 representaron el 9,8% del total de empresas certificadas. Un paso adelante en un escenario donde tradicionalmente las grandes corporaciones concentraban los beneficios.
Este crecimiento no es menor, pues refleja una transformación cultural: cada vez más pymes entienden que la innovación no es un lujo reservado para unos pocos, sino que es una herramienta concreta para mejorar procesos; reducir costos; acceder a nuevos mercados o resolver problemas locales, y la Ley de I+D les está abriendo la puerta.
Muchas de estas empresas no buscan patentes globales, sino que soluciones prácticas. Por ejemplo, un sistema de monitoreo para riego en huertos; un nuevo método de control de plagas o un proceso más eficiente en el empaque de fruta. Son innovaciones modestas en apariencia, pero con alto impacto productivo, y gracias a la innovación y el desarrollo tecnológico estas ideas pueden convertirse en proyectos viables.
Los números respaldan esta tendencia. En 2024, se certificaron 88 proyectos de I+D por un monto total de $82.903 millones, lo que representa un aumento del 10% en inversión y del 14% en número de proyectos respecto del año anterior. Aunque solo 65 empresas accedieron al beneficio, el ritmo de crecimiento es constante, y lo más relevante: cada vez son más diversos los sectores y perfiles empresariales que participan.
Con la extensión de la ley 20.241 hasta 2035, este impulso no ha pasado desapercibido, reconociendo su rol estratégico en el desarrollo económico del país. Más que una política fiscal, se ha convertido en un instrumento de transformación productiva con resultados concretos en competitividad y modernización.
Es así como en el sector frutícola, la innovación está tomando formas concretas y necesarias. Empresas y centros tecnológicos están desarrollando soluciones para enfrentar desafíos como la escasez hídrica, la variabilidad climática, la exigencia de mercados internacionales y la necesidad de reducir insumos químicos.
Esta es la visión de centros de I+D -como el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF)-, los que juegan un rol clave, a través del trabajo colaborativo con diferentes empresas; la divulgación científica; la vinculación con el sector y la permanente transferencia tecnológica para llegar a ser un agente activo en la estructuración de proyectos de I+D certificables, apoyando a empresas del sector para que puedan acceder a beneficios tributarios.
En el sector frutícola y hortícola, aquello se observa en el desarrollo de tecnologías en áreas como el riego de precisión; el monitoreo de condiciones climáticas mediante sensores y análisis de variedades vegetales. Así como en la determinación de viabilidad de polen; inductores de desarrollos florales y la validación de productos biológicos para el control de enfermedades. Muchos de estos avances no solo son adoptados por grandes exportadores, sino que se adaptan y se transfieren a pequeños y medianos productores, mejorando su productividad y acceso a mercados.
La Ley de I+D está cumpliendo su promesa: está incentivando a que más empresas inviertan en ideas, en conocimiento, en futuro. Y cada vez son más las pymes, pequeños fruticultores y emprendedores rurales que se suman a esta ola, demostrando que la innovación no depende del tamaño, sino de la voluntad de mejorar.
En este ámbito, los centros de I+D son un puente esencial entre la política pública, las empresas y los productores. Su labor silenciosa pero constante está permitiendo que la innovación no quede en los laboratorios, sino que llegue al huerto, a la industria, al camión de exportación.
Cuando un pequeño productor adopta una tecnología no solo mejora su cosecha, sino que también está participando en una cadena de innovación que lo incluye. Y eso, a largo plazo es lo que transforma al país. No solo las grandes apuestas, sino que también esos pequeños pasos que juntos construyen un Chile más innovador, inclusivo y competitivo.
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